martes, diciembre 7, 2021
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El pago por uso de autovías tendría efectos negativos en la economía española

El Gobierno plantea que todas las autovías sean de pago a partir de 2024, una medida que podría escalarse a toda la red de carreteras.

La patronal española del transporte internacional por carretera, Astic, se ha opuesto desde hace años a este tipo de medidas y muestra de nuevo su oposición al pago por el uso de autovías que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, en el que el Ejecutivo baraja 2024 como la fecha en la que se implementaría esta nueva tasa.

Desde la asociación exponen diversas razones en contra de esta nueva tasa de pago por uso de las autovías españolas prevista para 2024.

Doble presión fiscal. Los usuarios de las carreteras españolas -particulares y profesionales del transporte- ya pagan mucho más de lo que cuestan -creación y mantenimiento de las redes viales incluidos- con sus impuestos sobre el combustible. Teniendo en cuenta solo el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), los usuarios de la carretera generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas. En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica, revisiones de ADR y ATP…). Es decir, esta nueva tasa es, en realidad, un ‘repago’.

Tasa tóxica para la economía española. Los nuevos peajes tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad de la economía española ya que encarecería el precio de los productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos del PIB español; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que visitan nuestro país por carretera. El transporte de mercancías y pasajeros por carretera es clave para nuestra economía y estratégico para la reconstrucción económica de España (representa el 5% del PIB y da trabajo directo a más de 520.000 personas). En España, el 95% del movimiento terrestre de mercancías y el 85% del de personas tiene lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y autocares.

“Quien contamina paga”. Uno de los motivos que se esgrimen, además del coste de mantenimiento de la infraestructura, es imponer estos peajes para reducir el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, bajo la premisa de “quien contamina paga”, pero el sector del transporte profesional por carretera (camiones y autocares) en la UE representa menos del 6% de las emisiones de CO2, es decir, el 0,5% del total mundial.

Más siniestralidad. Este peaje, que afectará a los bolsillos de los conductores, obligará a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. Por tanto, el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación.

El director general de Astic, Ramón Valdivia, ilustra la importancia del sector del transporte por carretera de forma muy clara: “La dueña de un restaurante en un apartado pueblo, tenga coche o no, lo use o no, se beneficia de que la red de carreteras españolas permita que le lleguen tanto suministros como clientes hasta su negocio. Si extrapolamos este ejemplo a medicinas, vacunas como las del Covid, suministros agrícolas, distribución de pesca o casi cualquier otra faceta de la actividad cotidiana, veremos que, sin carreteras, nuestra sociedad sería mucho menos eficiente, cohesionada y próspera. Por tanto, entre todos debemos sufragarlas, ya que sin duda todos nos beneficiamos de la existencia de una buena red de carreteras; además hay que insistir en que los usuarios ya pagamos con creces vía Impuestos de hidrocarburos”.

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